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| Imagen: Pueblo Alerta |
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó en contacto telefónico con el programa “Cayendo y Corriendo” de VTV que, a solicitud del Tribunal Primero de Control del estado Táchira, a través del Ministerio Público, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) el acalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, siendo acusado por rebelión civil y agavillamiento. También informó que en hechos violentos en el estado Táchira el día de hoy, fue asesinado presumiblemente por armas largas un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana de apellido Castillo Castillo.
Señaló Rodríguez Torres que ”esta acción de los tribunales y del Ministerio Público va a sumarle mucho a la paz en la ciudad de San Cristóbal (…). Es un acto de justicia ante un alcalde que no solamente dejó de cumplir las obligaciones que le impone la ley y la Constitución, sino que además apoyó toda la violencia irracional que se desató en la ciudad de San Cristóbal”, dijo durante un contacto telefónico con el programa Cayendo y Corriendo que transmite Venezolana de Televisión.
Señaló que “el camino para la paz es la justicia”. En tal sentido, destacó que el Sebin pondrá a Ceballos durante las próximas horas a orden de la autoridad.
Rodríguez Torres destacó que Táchira ha sido uno de los estados donde más violencia se ha generado durante el intento de golpe de Estado que emprendió la derecha venezolana, que cobró la vida de 29 venezolanos y más de 300 heridos. Además, generó el destrozo de numerosos espacios y organismos públicos.
El titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, destacó que de los 365 municipios del país solo dos se mantienen con focos de violencia. “Es una violencia subversiva la que tenemos en San Diego en el estado Carabobo y en San Cristóbal estado Táchira. Pero además debemos aclarar que no se trata de todo el municipio. En San Cristóbal son dos o tres focos al este de la ciudad y en la ciudad de Valencia, es un pequeño espacio de San Diego”, dijo.
Afirmó que con la aplicación de la justicia “las cosas volverán a la normalidad”. Del mismo modo, Rodríguez Torres señaló que el Operativo Plan Patria Segura y el Patrullaje Inteligente se reanudarán con total normalidad para continuar protegiendo al pueblo venezolano. ”El plan no ha estado funcionando a cabalidad por las acciones violentas y fascistas”, explicó, al tiempo que indicó que para su reactivación se sostendrá una serie de reuniones con los cuerpos policiales municipales “para que también asuman su reponsabilidad en el resguardo de la ciudadanía”.
Por otra parte, el ministro informó que durante una reunión entre el presidente de la República, Nicolás Maduro; integrantes del gabinete económico, el gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma y su persona, se aprobaron una serie de créditos para emprender proyectos en la entidad andina que permitan recuperar los espacios dañados por las acciones fascistas.
“Mañana (jueves) estaremos informando a los tachirenses sobre esta serie de proyectos que además fueron planteados durante las mesas de diálogo instaladas en San Cristóbal”, señaló.
Decisión del TSJ
El pasado lunes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó al alcaldes Daniel Ceballos, del municipio San Cristóbal, estado Táchira; así como a los burgomaestres Gustavo Marcano, del municipio Diego Bautista Urbaneja (Lecherías), estado Anzoátegui; Eveling Trejo de Rosales, del municipio Maracaibo, estado Zulia, y Ramón Muchacho, municipio Chacao, estado Miranda, aplicar las acciones requeridas para evitar la ejecución de guarimbas en esas jurisdicción.
La decisión obliga a los referidos funcionarios a realizar acciones y utilizar recursos materiales y humanos para evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos.
La sentencia del máximo tribunal del país ordenó que se proceda “a la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes a éstas libres de residuos y escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana”.
También la Sala Constitucional solicitó a los alcaldes cumplir con su labor de ordenación del tránsito de vehículos, a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de sus municipios y velar por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario, ante la desatención en que habrían incurrido estos alcaldes.
El fallo ordenó a los burgomaestres que giren las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal, para dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los artículo 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
(AlbaCiudad.org)
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